El porqué de las sombrillas amarillas

FABRICIO GÓMEZ MAZARA*

La elección de cualquier política pública no sólo abarca temas técnicos e instrumentales como la carga tributaria aplicada a distintos contribuyentes, sino también aspectos políticos, sociales y éticos. Por esta razón, cada decisión gubernamental es un asunto político y ético sobre el cual los funcionarios no pueden mantenerse indiferentes, ya que la misma deberá estar fundamentada en algún modelo teórico, así como en el análisis empírico.

Sin embargo, es indudable que en toda política pública influye, de forma importante, la concepción o visión de la sociedad que tiene el tomador de la decisión. Los resultados de la misma nunca son neutrales debido a que afectan a los ciudadanos desigualmente, beneficiándolos o perjudicándolos.

De esta forma, las políticas públicas afectan la distribución del ingreso, los incentivos para las decisiones de consumo e inversión y también al mismo poder político. Esto se debe a que siempre habrá ganadores y perdedores lo que conduce irremediablemente a conflictos sociales y pugnas distributivas entre individuos y grupos que tendrán que asumir los costos y/o beneficios derivados de la puesta en marcha de las decisiones gubernamentales.

La existencia de disyuntivas sociales pone de manifiesto la necesidad de elaborar modelos normativos que determinen criterios conforme a los cuales las políticas públicas deban jerarquizarse de acuerdo con las restricciones éticas y presupuestarias que la sociedad haya asumido.

En caso de que no exista una normativa, la sociedad deberá jerarquizar las leyes que, por su importancia relativa, tendrán prioridad sobre otras en términos de los recursos públicos destinados a las actividades que se encuentran bajo sus respectivos ámbitos de aplicación y regulación. Lo anterior requiere del consenso previo de los distintos actores de la sociedad.
En República Dominicana, la Ley General de Educación 66-97 fue el resultado de un amplio consenso de la sociedad que durante varios años destinó recursos humanos, materiales y financieros para determinar la ruta crítica por donde debía conducirse el sistema educativo dominicano durante al menos una década posterior a la aprobación de la normativa.
La Ley fue promulgada en 1997, sin que todavía su principal requerimiento en materia de inversión educativa se haya cumplido. La inversión de un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) o 16% del Presupuesto de la Nación ha sido postergada durante trece largos años mientras se acentúa el deterioro de los principales indicadores del sistema educativo.

La inversión en educación redunda en casi todos los aspectos relacionados con el incremento del bienestar de los ciudadanos, especialmente en la salud. La evidencia empírica ha demostrado que la educación tiene efectos positivos sobre las tasas de fecundidad, así como en los niveles de mortalidad y morbilidad de la población. Estos resultados están estrechamente vinculados con el nivel de escolaridad de las parejas, especialmente de las mujeres.

También se han encontrado resultados positivos de la educación sobre las conductas de autocuidado para la prevención del VIH-SIDA y otras enfermedades infecto-contagiosas. En momentos donde el país se encuentra bajo la amenaza del cólera esta información es relevante a la hora de diseñar una campaña efectiva que permita minimizar el impacto de la enfermedad en el gasto de salud tanto público como privado.

Cuando el presidente Fernández admitió en la sede de las Naciones Unidas que el país no iba a poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), importantes analistas le enmendaron la plana señalando que esta imposibilidad era resultado de la escasa inversión social y no por falta de recursos debido a que la economía dominicana era la de mayor crecimiento del PIB en la región en los últimos años.

Bajo este desolado panorama socio-económico, surge una de las campañas de concientización ciudadana más hermosas que ha tenido el país, exigiendo que se cumpla lo establecido en la Ley 66-97 que regula el sistema educativo, representada por una sombrilla de color amarillo que dice: 4% del PIB para la Educación.

Liderada por varias instituciones de la sociedad civil agrupadas en la Coalición Digna por la Educación, la campaña de las sombrillas amarillas ha recibido el apoyo de comunicadores, profesores, alumnos, empresarios, políticos y demás ciudadanos que han multiplicado el mensaje por los distintos medios de comunicación y, especialmente, en las redes sociales donde la difusión ha sido sorprendente.

Durante las últimas semanas, ver a jóvenes con sombrillas amarillas se ha convertido en parte del panorama urbano del Distrito Nacional y, de acuerdo con sus promotores, ha comenzado a expandirse hacia otras ciudades del país. No cabe duda que la campaña se ha adueñado de los corazones de ciudadanos responsables que se han empoderado para reclamar un derecho constitucional que ha sido negado durante trece años afectando a una generación de estudiantes de escasos recursos que luego enfrentarán serios inconvenientes para conseguir un empleo en el sector formal.

Esta generación de jóvenes excluidos del sistema educativo me recuerda a Mauricio Babilonia, uno de los personajes más pintorescos de la laureada novela Cien Años de Soledad, quien vivió acompañado de una nube de mariposas amarillas hasta el día de su muerte. Nació y vivió toda su vida en Macondo trabajando como aprendiz de mecánico en los talleres de la compañía bananera. Se enamoró perdidamente de Meme con quien tuvo un apasionado romance producto del cual vino al mundo un niño llamado Aureliano Babilonia.

El romance entre ambos nunca fue aceptado por la madre de Meme, quien pidió al alcalde que le mandara oficiales a su casa para evitar que los enamorados se vieran por las noches a escondidas. Hasta que un guardia le dispara un balazo en la columna a Mauricio que quedó en cama de por vida, sumido en una enorme soledad, impedido de ver a su amada a quien jamás pudo olvidar.
Al igual que Mauricio Babilonia, cientos de jóvenes dominicanos son víctimas de la violencia y la criminalidad que los mutila e inhabilita física y mentalmente, generada por un fallido modelo de desarrollo económico y social que, al no invertir los recursos necesarios para mejorar el sistema educativo, los excluye y condena a la pobreza. Los abandona a su suerte dejándolos solos y sin esperanza.

La sombrillas amarillas persiguen convertirse en las mariposas que revoleteen alrededor de la esperanza para que una nueva generación de jóvenes dominicanos no tenga la misma suerte que la anterior y pueda acceder a una educación lo suficientemente efectiva en cobertura y calidad que les permita insertarse exitosamente en la sociedad de la información y el conocimiento.
Para que no se repita esta triste historia y no haya que esperar trece años más. Para que el gobierno invierta al menos el 4% del PIB en la educación. Para que, por medio de la educación, las nuevas generaciones puedan romper la cadena inter-generacional que reproduce la pobreza y la desigualdad. Para esto es que exigen que el gobierno cumpla con la Ley 66-97.

Esto no es un falso debate, es una Ley que debe ser respetada. La filosofía educativa dominicana está expresada en los Planes Decenales de Educación. El problema esencial es la falta de recursos, así lo evidencian decenas de estudios e investigaciones.

Los requerimientos para la inversión educativa deben ser impostergables si queremos elevar el nivel de bienestar de la ciudadanía, especialmente el de las futuras generaciones. Para cobijarlas, protegerlas y asegurarles el pan de la enseñanza han llegado las hermosas e incorruptibles sombrillas amarillas.
Porque las generaciones condenadas a vivir sin acceso a la educación… "no tenían segunda oportunidad sobre la tierra"[1].