El presidente Danilo Medina fijó un plazo hasta el 30 del mes para que los funcionarios que incumplan con el mandato constitucional de hacer una declaración jurada de bienes sean excluidos de la nómina pública. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que aquellos que no obedezcan la orden presidencial quedarían automáticamente cesantes al día siguiente. La decisión es correcta y debe ser bien recibida por toda la sociedad y muy especialmente por la oposición que reclama medidas de transparencia en el accionar del Ejecutivo y en todo el ámbito gubernamental.
La tradición indica que a los dominicanos nos resulta difícil unirnos en pro de un objetivo común cuando surgen los intereses partidistas. Se ha dado así a despecho de situaciones en los que no existían diferencias abismales e incluso en circunstancias en las que había coincidencia de pareceres. Pero la violación del requisito de presentar una declaración jurada de bienes a quienes ejercen funciones públicas, tanto en el gobierno central como en los demás poderes del Estado, no puede seguir tolerándose, so pena de erosionar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en aquellos que las dirigen.
El gobierno debe ser firme y aplicar todo el peso que la ley pone en sus manos para defender los principios de la Constitución que norma la vida pública y garantiza los derechos ciudadanos. Y en la consecución de los objetivos que la disposición presidencial persigue, sería una incoherencia total de la comunidad política y la sociedad civil restarle el respaldo que se requiere para que el requisito constitucional se cumpla por primera vez en nuestra historia democrática. Menospreciar la intención del Presidente sobre el criterio de que la medida llega tardíamente me parece un absurdo y brutal dislate. La destitución de quienes la incumplan sentará un sano precedente de respeto a la Constitución.
