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lunes, 26 de junio de 2017

Un problema de salud pública


Por: Dr. Víctor Terrero Encarnación

En la República Dominicana hemos logrado significativos avances con relación a la salud de la mujer.
Hemos venido  incorporando en la  agenda  de trabajo políticas públicas de primer orden para que las mujeres  puedan asumir y transformar positivamente  sus vidas, entre las que cabe destacar planes intersectoriales para la reducción de la mortalidad materna, la prevención del  embarazo en adolescentes y  la prevención y atención al VIH/ SIDA y el abordaje de la violencia basada en género.

La salud de la mujer ocupa un sitial importante en la Ley 1-12 que define nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Somos signatarios de decenas de acuerdos internacionales que establecen la necesidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Tenemos el compromiso de alcanzar el desarrollo sostenible establecido por vía de 17 Objetivos aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, el tercero de los cuales pretende lograr  una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad.

Sin embargo, formamos parte de  los cuatro países que a nivel mundial tienen todavía tenemos por delante el gran desafío de hacer frente a  una situación que  indica  un  progreso  lento y desigual que afecta a  las mujeres,  a causa de las disparidades de género, que exhibe como uno de sus mejores ejemplos  el  indiscutible problema de salud pública que representa el aborto, cuya penalización obliga a las mujeres a practicarlo en condiciones clandestinas e inseguras.

Existe consenso mundial de que la penalización del aborto expresa los significativos niveles de inequidad que afecta a las mujeres, especialmente a aquellas más pobres; posiblemente las que no han tenido el acceso oportuno a servicios de salud reproductiva y planificación familiar; las que por las condiciones de hacinamiento en que han vivido han sido expuestas a un incesto; las mujeres que alimentan  las estadísticas de violencia sexual, o las de las de una violación, o las que aportan  el 10% de las muertes maternas  que ocurren cada año en el país.

En el marco de la revisión del Código Procesal Penal del país, llevada a cabo por la Cámara de Diputados, la aprobación del aborto en los casos de violación o incesto, o cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto, cuando el feto presenta malformaciones que sean incompatibles con la vida ,constituye una oportunidad para que como país demos una respuesta justa, sostenible y fundamentada en los Derechos Humanos, a este problema de salud pública en la República Dominicana.

Para estos fines, entendemos que el papel de los congresistas es conocer el impacto que sobre la salud pública  implica la realización de más de cien mil  abortos clandestinos al año, y cuya práctica continuará, independientemente de su prohibición, con el agravante de ser realizados en condiciones de inseguridad, y por manos inexpertas.
Sería importante que nuestros congresistas  centraran la discusión y decisión sobre este tema, en las implicaciones médicas y en enfoques de salud pública, basados en evidencias científicas.

Seria provechoso que nuestros legisladores valoraran el derecho que tienen nuestras mujeres a la dignidad e integridad; el derecho de las mismas a ejercer sus derechos reproductivos, que son Derechos Humanos, y su derecho a la integridad y dignidad en circunstancias excepcionales, como las citadas anteriormente.
Solo a ustedes, distinguidos congresistas, les corresponde en esta coyuntura tomar  una  decisión inteligente, libre de prejuicios y de presiones dogmáticas.

A ustedes corresponde tomar una decisión  fundamentada en la razón y el espíritu de justicia.