Este lunes 17, en horas de la tarde, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 5 y 6 años de prisión a los implicados en el caso de extorsión a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
La sentencia fue dictada en contra del exdirector del Departamento de Edificaciones Escolares de la OISOE y del excoordinador de la Dirección Técnica de esa entidad, Alejandro Isidoro De Los Santos y Joel Soriano Fabián, quienes fueron condenados a seis y cinco años de prisión, respectivamente.
El tribunal además condenó a cinco años de reclusión a Ernesto Romero y al abogado Julio Rafael Pérez Alejo, quien figura en la investigación como “El hombre del maletín” o “El hombre de los anillos”, y que aunque no laboraba para esa entidad, tenía a cargo la entrega del dinero prestado a contratistas para el avance de la construcción de las obras.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que con la obtención de esta sentencia se sigue avanzando en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, ya que a su juicio contribuye con los propósitos asumidos de ir estableciendo un régimen de consecuencias contra el enriquecimiento ilícito.
Tras destacar las diligencias que realizan en los diferentes casos de corrupción para reunir pruebas fehacientes que aseguren la obtención de una sanción en proporción a la actividad ilícita cometida, manifestó que la lucha contra la corrupción en la República Dominicana es indetenible y que trabajan de manera firme para dar respuesta de manera satisfactoria en cada caso.
“Seguimos trabajando contra la corrupción con la misma voluntad y el mismo interés con que lo hemos hecho desde el inicio de nuestra gestión el pasado año, para ello estamos poniendo todo nuestro empeño con el fin de cumplir con el compromiso que hemos asumido con la sociedad, de que todo hecho de esta naturaleza sea sancionado”, dijo el máximo representante del Ministerio Público.
El procurador destacó el trabajo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y su titular Laura Guerrero Pelletier para demostrar los hechos imputados a este grupo que fue acusado de incurrir en extorsión, asociación de malhechores y delitos de asuntos incompatibles con la calidad de funcionario.
La condena fue impuesta por la violación de varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 62-00 relativa al Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura, la Agrimensura y Profesiones Afines.
Se recuerda que víctima de esta red, el arquitecto David Rodríguez García, se suicidó de un disparo en un baño la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en el año 2015, un lamentable hecho que consternó y llenó de dolor a la sociedad dominicana.
A raíz de ese hecho, el Ministerio Público dio inicio a un proceso de investigación que ha dado como resultado la obtención de estas sentencias condenatorias que se suman a otras decisiones favorables logradas recientemente como parte del combate de la corrupción administrativa en el país.
