Por Alejandro Alberto Paulino Vallejo
En días pasados en toda la prensa nacional, fue publicada la opinión de la Fundación Casa Abierta, en donde la misma propone la legalización de la marihuana.
Esta posición de la referida asociación no lucrativa ha causado un gran revuelo en la prensa nacional, círculos políticos, sectores que luchan contra las drogas, iglesia católica, así como sectores policiales y judiciales por la controversia que ha generado.
Legalizar las drogas ilícitas o sustancias controladas en este caso la marihuana, implicaría la modificación o derogación de la ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como derogación o modificación de leyes como la 41-01 de Salud, etc.
Además de beneficiar a los próximos microtraficantes y consumidores de drogas, muchos condenados a prisión por consumo, tráfico y distribución e ipso facto violación a la ley 50-88, específicamente sobre la marihuana, quedarían libres antes de cumplir su condena o habría que cambiarle a todos su condición de culpable por la de inocente ya que el delito que cometieron se convertirá en un simple hecho.
Legalizar la marihuana ya sea para fines recreativos o medicinales no solo traería problemas con acusados y condenados por droga, sino que aumentaría los hechos delictivos ya que habrá más delincuentes en las calles, además de que dicha ley de aprobarse sería inconstitucional, en virtud del principio constitucional qu ordena al Estado y sus Instituciones eliminar los vicios sociales en su artículo 8, acápite 17 (parte in fine) que establece lo siguiente:
“El Estado combatirá los vicios sociales con medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y organizaciones internacionales. Para la corrección y erradicación de tales vicios, se crearán centros y organismos especializados.”
Este precepto constitucional es sumamente claro y una de las formas de combatir los vicios sociales es mediante legislaciones que sancionen y regulen el consumo de drogas y sustancias controladas.
Además que de aprobar esta ley tendríamos una ley demasiado injusta que ordenaría más que lo justo a la sociedad por todo lo dicho anteriormente y nuestra Constitución su artículo 8, acápite 5 (parte in fine) que consagra el Principio de Utilidad y Justeza prohíbe que se aprueben leyes que perjudiquen demasiado a la sociedad, el cual está establecido de la siguiente manera:
“La ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica.”
Para finalizar concluyo que la posición de la Fundación Casa Abierta no solo no la comparto, sino que difiero totalmente de la misma, segundo, la sociedad dominicana debe de estar preparada por si se aprueba esta clase de legislación, tercero, hay que aplicar la ley 50-88 con más rigidez y por último el Estado (DNCD, PN, CND y el Ministerio Publico) debe empeñarse más en acabar con el flagelo de las drogas, eliminar los vicios sociales, prevenir toda clase de delitos y procesar con imparcialidad y sin corrupción a todos los involucrados en el Flagelo del Narcotráfico, no importando que la droga consumida se llame o no MARIHUANA.
Lic. Alejandro Alberto Paulino Vallejo
paulino_alejandro@hotmail.com
