En Barahona, para poner un ejemplo, existen individuos perversos, con mucha maldad por dentro y que disfrutan el daño que causan intencionadamente al otro. El problema es que en tiempos de las falsas noticias (fake news en inglés), es bastante dañino para un funcionario quedarse callado y no desmentir notas publicadas en las redes sociales por aquellos de que «el envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree”.
Desde el principio de este años vengo leyendo en las redes sociales y, en algunos casos, escuchando rumores, que el magistrado Iván Ariel Gómez Rubio, hasta entonces procurador fiscal titular de la provincia de Barahona, estaba siendo investigado por la Procuraduría General de la República, junto con policías y militares que lo asistían en su tarea, por estar involucrado en actos indecorosos, principalmente, narcotráfico y corrupción en el desempeño de sus funciones.
Desde que salieron esos rumores, algunos miembros de la "prensa negra" y comunicadores lambones del magistrado Gómez Rubio en Barahona, publicaron en sus medios que aquellos rumores no eran ciertos y lo achacaron a una supuesta campaña sucia contra el funcionario por parte de un grupo de comerciantes y políticos corruptos locales, acorralados por Gómez Rubio en su tarea por combatir prácticas ilícitas, como el lavado de activos de procedencia sospechosa o ligados al narcotráfico.
Parece que los rumores han sido confirmados de la manera más confusa posible, el magistrado Iván Ariel Gómez Rubio ha sido suspendido del cargo por "supuestas irregularidades". ¿Pero cuáles irregularidades? ¿Cuál es el secretismo de aquella suspensión? El ocultamiento de la verdad sólo profundiza las sospechas de que aquellos rumores podrían ser ciertos y que con ese secretismo solo se busca la impunidad, porque de la impunidad a la corrupción no hay más que un paso.
Creemos que aquellos rumores que circularon y que todavía circulan en las redes sociales de que el magistrado Gómez Rubio es socio de una banda de narcotraficantes de Barahona, que se hacen pasar por comerciantes, algunos de ellos deportados, junto con dos miembros activos del ministerio público (con sus nombres y apellidos),cuya tarea era acaparar las drogas incautadas y decomisadas, reportando solo porciones, debe ser investigado y los resultados darse a conocer cuanto antes a la ciudadanía por parte del procurador General.de la República y por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA),
Veremos en qué termina finalmente esta historia.
Por David Barahonero.
Tomado del perfil en Facebook de David Barahonero.
