Estudiantes del cuarto bachillerato vinculados por la Secretaría de Educación al fraude en las pruebas nacionales rechazaron haber incurrido en irregularidades durante la aplicación de esos exámenes, por lo que exigieron a las autoridades educativas presentar las pruebas mediante las cuales determinaron su participación en ese hecho.



Yocasta Tavárez y Danny Monción, residentes en el municipio Santo Domingo Oeste y voceros de los afectados, argumentaron que son estudiantes meritorios y que fueron despojados de sus celulares previo a tomar las pruebas.





Los estudiantes fueron defendidos por el encargado de Desarrollo Humano del municipio Santo Domingo Oeste, Fernando Gómez, quien fungió como observador en la escuel Ema Balaguer, donde éstos tomaron las pruebas, y aseguró que los exámenes transcurrieron sin anormalidad.



“Nosotros estuvimos los cuatro días de las pruebas pendientes del procedimiento y damos fe y testimonios que todo transcurrió tranquilo, normal y sin inconvenientes”, manifestó Gómez, quien dijo estar sorprendido de que la Dirección de Pruebas Nacionales los esté acusando de fraude.



Dijo desconocer los criterios de evaluación que aplicaron las autoridades educativas para determinar quién hizo fraude, al tiempo que aseguró que acusando a estos estudiantes se viola el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece que no se le puede hacer daño ni psicológico ni emocionalmente.



Mientras, Leinys Zapata, estudiante de cuarto de bachillerato del Liceo José Francisco Peña Gómez, donde las pruebas fueron coordinadas por el técnico de la cartera vinculado al fraude y preso en Najayo, aseguró que la mayoría de los que allí se examinaron desconocen sus calificaciones y si han sido relacionados con el fraude.



Dijo que cuando accesan a la página de consulta de la Secretaría de Educación y colocan su código le aparece “no encontrado”, por lo que el lunes reclamarán ante la cartera que se solucione su situación.



Fallas legales

El ex subsecretario de Educación, Roberto Fulcar, afirmó que la imposición de una sanción colectiva por parte de la Secretaría de Educación a un grupo de estudiantes, a consecuencia del denunciado fraude en torno a las pruebas nacionales, acusa fallas legales, éticas y gerenciales, además de que no toca el fondo de la problemática que se pretende enfrentar.



Fulcar, quien tuvo a su cargo la recuperación de las pruebas nacionales durante la gestión de la doctora Milagros Ortiz Bosch, afirmó que desde el punto de vista legal no fue correcto sancionar colectivamente a los estudiantes, ya que esta práctica está prohibida por el Código de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Código del Menor).



Agrega que tampoco se conoce si los estudiantes han tenido individualmente la oportunidad de ejercer su defensa, como manda el Literal C del artículo 48 de la referida Ley.