Los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispusieron anoche la puesta en libertad de dos de los implicados en el escándalo de falsificación de títulos de propiedad, en cuyo caso figuran como involucrado empleados de la Jurisdicción Inmobiliaria y la Suprema Corte de Justicia.
Los magistrados Ignacio Camacho, quien presidio, Nancy Joaquín y Doris Pujols Ortiz, ordenaron la libertad por separado del abogado Carlos Vásquez y Oliver Fiallo, tras imponerle una garantía económica de 200 mil y 300 mil pesos en efectivo, presentación periódica e impedimento de salida.
Los jueces adoptaron la decisión, tras revocar la medida de prisión preventiva dictada en contra de los imputados como medida de coerción por el juez de la Jurisdicción Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas Guerrero.
En su dictamen, la procuradora adjunto Carmen Alardo, en cuanto a Oliver Fiallo, pidió a los jueces variar la medida de coerción y que se le impusiera una garantía económica de 5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica por ante el ministerio público.
En tanto que, respecto al abogado Carlos Vásquez, había pedido al tribunal confirmar la prisión preventiva dictada en su contra por el juez de atención Permanente.
En la audiencia, los abogados de Oliver Fiallo, Pichardo Baba y Valerio Jiminián, piddieron al tribunal variar la medida de coerción a favor de su defendido, y bajar el monto de la fianza solicitado por el ministerio público.
Defensa
Mientras que la defensa de Carlos Vásquez, integrada por Ingrid Hidalgo, Manuel García, José Fernando Pérez Vólquez y Doris García Fermín, habían pedido al tribunal rechazar el pedimento del ministerio público en cuanto a que se ratificara la prisión preventiva en contra de su defendido, y que en consecuencia se ordenara su libertad pura y simple.
A la salida del tribunal, Carlos Vásquez dijo que las imputaciones en su contra son falsas porque posee un contrato de cuota litis, además de que los documentos que tiene son originales y legales. Explicó que la Registradora de Títulos duró tres meses para emitir el título y que si los documentos que depositó hubiesen sido falsos, no emiten el documento.
Precisó que Edwin Baquero, uno de los imputados, le recomendó a Oliver Fiallo para gestionar la entrega de un certificado de títulos con los documentos de los terrenos ubicados detrás de Operaciones Especiales de la Policía, en Manoguayabo.
“El título es auténtico no tiene nada que ver con lo de Baquero y el propietario de esos terrenos es Oliver Fiallo.
Nunca he estado vinculado a mafia, fui fiscal durante dos años, ni tengo nada que ver con eso”, insistió.
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