La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO,hizo un llamado a los diputados que cumplan con el mandato de las leyes del Poder Judicial, de educación, de Educación Superior y de los Municipios y el Distrito Nacional, que establece claramente que porcentaje del presupuesto nacional le corresponde a cada una de estas instituciones para lograr sus objetivos y respectivas misiones, para evitar que en el país se produzcan conflagraciones sociales producto de la indignación colectiva que se cierne en todo el mundo, a consecuencia de la inequidad con que los gobiernos administran los recursos de los pueblos.
Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, vocero de la entidad, respalda el pedido del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, a los jueces y miembros del poder judicial a iniciar una campaña a través de las redes sociales y otros medios pidiéndoles a los diputados que cumplan con la ley y asignen el 2.66% del presupuesto al Poder Judicial.
Califico de grave y preocupante lo externado por el presidente de la Suprema de que “debido a las limitaciones económicas con que se desenvuelve el Poder Judicial muchos empleados de calidad han renunciado, porque desde hace cinco años no les aumentan y que una parte significativa de jueces están a la espera de ver qué pasa con el presupuesto, ya que si no ven perspectivas de aumento piensan abandonar la carrera, para dedicarse a su profesión desde el sector privado”.
Es una vergüenza que siendo el Poder Judicial uno de los tres poderes del Estado y con la responsabilidad que tiene, le haya sido asignado en el proyecto de Presupuesto y Ley de Gasto Público de 2012 sometido por el Poder Ejecutivo una partida al Poder Judicial de RD$3, 657 millones 200, alrededor de la mita que por ley le corresponde.
Atribuye a la corrupción el incumplimiento de asignaciones presupuestarias
ADOCCO, atribuyó a la corrupción administrativa el reiterado incumplimiento de las partidas correspondientes a cada institución como lo establecen sus leyes orgánicas, por el interés de manejar los recursos para las grandes obras de infraestructuras que son las generadoras de grandes comisiones generadas por los carteles de la construcción y las contrataciones, manejadas por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, MOPC y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE y el sector agua potable.
Reclama el cumplimiento del 4% para la educación
ADOCCO, reclamo de igual forma el cumplimiento del 4% del Producto Interno Bruto o el 16% del presupuesto para educación, así como el cumplimiento de la Ley de Educación Superior y la Ley de Autonomía Universitaria que establecen que a la alma mater se le debe asignar no menos del 5% del Presupuesto Nacional, lo que representaría unos 20 mil millones de pesos, asignado apenas unos 2 mil quinientos millones de pesos, que hace imposible cumplir con sus propósito y demanda de la población estudiantil que no puede pagar una universidad privada y manejo y mantenimiento de la Biblioteca Central y de 16 centros regionales, así como el proceso de modernización y automatización que atraviesa la UASD.
La organización se mostro a favor del cumplimiento de la Ley de los municipios y el Distrito Nacional que establece la asignación del 10% del presupuesto para los ayuntamientos del país, por la responsabilidad que estos tienen de administrar los municipios, sobretodo la labor de saneamiento y salud con la recogida y disposición final de desperdicios y respuestas inmediata a obras pequeñas, que impactan positivamente en los municipios, como puentes peatonales, entre otras. Termino exponiendo el Coordinador General de ADOCCO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario