Nota recibida
SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Un inversionista extranjero acusó a autoridades judiciales y del Ministerio Público de "abuso de poder" al actuar de manera ilegítima en contra de proyectos turísticos que construye en las provincias Duarte y Samaná.
En un documento de prensa, el empresario inglés Babar Jawaid calificó las acciones como abuso de autoridad, irregularidad que potenciales actos de corrupción y la violación de sus derechos humanos, que afecta la Constitución y obligaciones internacionales de República Dominicana.
Jawaid, quien comenzó a realizar importantes inversiones en el país desde el año 2005 en sectores turísticos, se quejó por la actuación que calificó de ilegal e ilegítima de la Procuradora General de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís.
A continuación el documento enviado por el inversionista inglés:
Se establece que en fecha 19 de agosto del presente año el tribunal de ejecución de la pena del departamento judicial de San Francisco de Macorís dictó el auto num.136-01- 2020 SAUT-00297 contentivo de orden de arresto contra Carlos Jose Bruno, como mecanismo de ejecución de la sentencia num.001-0022-2020SSEN dictada por la Suprema Corte De Justicia, irrevocablemente juzgada.
Que de una manera arbitraria, ilegal, ilegítima y abuso de Poder, el Ministerio Público representado por la Procuradora General Carmen Alardo pone en libertad al señor Carlos José Bruno sin conformidad de proceso y unilateralmente violando la autoridad del Juez de la Ejecución De La Pena y más que eso la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo, a pesar de encontrarse en libertad, como se violó la captura antes, Bruno solicitó al Juez de la pena la suspensión del auto de captura por el supuesto motivo de enfermedad terminal. Solicitud denegada pues la juez observó que no existe tal enfermedad.
No obstante el condenado Carlos Jose Bruno por medio de sus abogados entre ellos un ex juez de la Suprema Corte De Justicia solicitó el cambio de modalidad de la prisión como un recluso normal a prisión domiciliaria por los mismos argumentos y documentos que intentaron probar que existe una enfermedad terminal.
En la audiencia del 17 de noviembre vuelve a sorprenderse de la actuación del procurador quien actúa en representación de la sociedad cuando sin ningún aval, ni documentos médicos confirmación de enfermedad terminal solicita variación de modalidad para que el señor Carlos Bruno se vaya a su casa que precisamente queda frente a su proyecto.
Luego de 8 años de proceso judicial ve como el Ministerio Público se burla de la sentencia de la Suprema Corte y del poder judicial. Dice esperar que la Juez verifique muy bien los documentos depositados ya que son los mismos que están en la anterior solicitud y además que tienen más de un año viejo, que fue presentado para suspensión de captura y rechaza por la misma jueza de Tribunal.
Considerando que Ministerio Público tiene conocimiento de que la jueza de Tribunal alega cambiar la sentencia ya fallada con base en la misma prueba antes rechazada.
La enfermedad terminal tiene un tiempo muy limitado de vida no mayor a los 6 meses y además no tiene tratamiento paliativo. Las enfermedades que tiene Carlos Bruno son Prediabetes y presión alta de acuerdo a los documentos depositados que no mencionó enfermedad terminal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario