De acuerdo con el expediente acusatorio del Ministerio Público de la red de criminalidad organizada denominada Operación Falcón, los cabecillas crearon una organización criminal transnacional dedicada a traficar cocaína desde la República Dominicana y hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.
Además, la acusación sostiene que para buscar impunidad “financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldía y los concejos municipales con el objetivo de tener incidencia y poder”.
En cuanto al tráfico de armas, portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares, como los fusiles.
En materia de lavado, colocaron millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganado, relojes costosos.
De acuerdo con el documento, transformaron sus transacciones con el objetivo de colocarlos en la economía legal y en las instituciones financieras. Los imputados trataban de darle apariencia legal a sus negocios a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de su fortuna.
El Ministerio Público expresa que integraron parte de los capitales ilícitos en el mercado con la finalidad de crear una serie de estratos y así complicar la tarea de determinar la manera en que el dinero ingresaba a la economía legal o la forma en que se disponía de ellos.
Además, se hicieron ayudar de abogados, entidades financieras y contadores públicos autorizados para evadir la justicia. Adquirieron la totalidad de las propiedades de algunos servicios, como el caso de las estaciones de combustibles de Miches.
La tarde de este sábado el Ministerio Público continuaba los allanamientos en la región del Cibao en busca de los hombres identificados como los cabecillas en la red desarticulada por la Operación Falcón.
Medidas de coerción
El Ministerio Público se dispone a solicitar este domingo medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva contra 21 personas señaladas en participar en esta red.
El Ministerio Público está solicitando 18 meses contra María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También para José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.
Los principales cabecillas están prófugos
El Ministerio Público identifica a Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales como los principales cabecillas de la organización delictiva desmontada bajo la Operación Falcón y por la cual hasta el momento se han detenido a 21 personas e incautados cientos de millones de pesos en propiedades, dinero en efectivos y bienes.
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