Por Franklyn Vicente
De acuerdo con el artículo 255 de la Constitución dominicana, "la Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar", cuya misión es salvaguardar la seguridad ciudadana, prevenir y controlar los delitos, perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente, así como mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes.
Es preciso interpelar a los amigos lectores y preguntarle, ¿cumple la Policía Nacional con la misión establecida en el texto constitucional? ¿Es necesario disolver el cuerpo del orden? O ¿Es preciso que el excelentísimo señor presidente, Luis Abinader, agilice la reforma y modernización del cuerpo armado?
La respuesta correcta amigo lector es: agilizar la reforma y modernización de la Policía Nacional, ya que por su rol protagónico de salvaguardar la seguridad ciudadana y prevenir y controlar delitos, entre otras funciones que le confiere la ley, no podemos albergar la absurda idea de disolver institución del orden. La ardua tarea de sanear el cuerpo del orden es una tarea del Ejecutivo y del Ministerio de Interior y Policía, ya que la Ley Orgánica de la Policía Nacional, No. 590-16, del 15 de julio de 2016.
G. O. No. 10850 del 18 de julio de 2016, establece en el considerando quinto que: “La reforma de la Policía Nacional debe realizarse de forma gradual y progresiva, como condición esencial para que las metas de su reorganización puedan ser satisfactoriamente alcanzadas”. Además, la Ley Orgánica en su artículo 21 numeral 14, faculta al “Consejo Superior Policial” a “Elaborar recomendaciones relacionadas con la reforma o modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y sus reglamentos, para que éste las presente al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Interior y Policía”.
El aspecto más importante dentro de la tan sonada reforma es la formación y capacitación de los miembros de la uniformada, por la debilidad y hechos en los que se han visto involucrados, por su mal manejo a la hora de actuar frente a situaciones que se le presentan. En ese sentido, al momento de incorporar un ciudadano a las filas de la Policía Nacional deben requerir la terminación de los estudios primarios y secundarios, practicar evaluaciones sicológicas y someter a los mismos a formación académica y física intensiva, a los fines de desarrollar el aspecto intelectual y físico antes de crear soldados a vapor sin los conocimientos de lugar que manchan la imagen de la supra indicada institución. Disolver la referida entidad nos dejaría a expensa de antisociales cuya práctica común es transgredir las leyes y mancillar bienes jurídicos protegidos por la Constitución y las normas.
En consecuencia, es preciso instruirlos en cuanto a sus funciones, las mismas establecidas en los artículos 91 y siguientes, 173 y 174 del Código Procesal Penal, entre otros artículos que abordan con claridad la funciones de los uniformados. De acuerdo con las estadísticas, en República Dominicana, los conflictos en los que se ven involucrados miembros de la Policía Nacional están relacionados con la violación a derechos fundamentales. Por lo tanto, es de extrema urgencia reforzar sus conocimientos académicos y capacitarlos en dirección a lo que establecen los artículos 9, 10 y 11 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual precisa que: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” y el artículo 7 del Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el cual versa sobre las libertades personales, las cuales son mancilladas por el desconocimiento y falta de formación de los agentes actuantes. Reestructurar o reformar la Policía Nacional es esencial para garantizar un Estado Social y Democrático de Derecho, el mismo establecido en el texto constitucional a los fines de fortalecer la seguridad de los dominicanos y el sistema de justicia.
Constituye un absurdo la eliminación del órgano protector y auxiliar del Ministerio Público, ya que es un organismo imprescindible para mantener y fortalecer la lucha en contra de los actos delictivos y hacer cumplir la ley en el territorio dominicano. Ahora bien, es necesario transformarla, renovar sus miembros y convertirlos en entes de confianza para la población. Desde el 2016, año en que se promulgó la Ley 590, se han realizado encuentros importantes y hasta borrones sobre proyectos de reforma a la Policía Nacional y a la fecha no hemos experimentado transformaciones significativas con miras a conquistar la confianza de la población y garantizar la seguridad de estos. Basta de crear grupos de trabajo para la reforma policial en cada cuatrienio o cambios de gobierno y vamos a asumir con seriedad la transformación de la misma, su profesionalización y en consecuencia el fortalecimiento de la seguridad de República Dominicana.
fuente https://lavoztubanera.blogspot.com
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